Comunicación en consorcios

Un fallo que refuerza los límites en los canales digitales

La comunicación digital se convirtió en una herramienta cotidiana dentro de los consorcios. Grupos de WhatsApp, listas de difusión, correos electrónicos y otros canales permiten agilizar avisos, compartir información operativa y acercar la gestión a propietarios e inquilinos. Sin embargo, esa misma dinámica también abrió un nuevo frente de conflicto: la exposición pública del administrador dentro de espacios informales, muchas veces sin reglas claras y con alto nivel de circulación interna.

Un reciente fallo judicial vuelve a poner este tema en agenda. Una administradora de consorcios obtuvo una sentencia favorable luego de haber sido agraviada en un grupo de WhatsApp del edificio. La Justicia consideró acreditado el daño moral provocado por expresiones que lesionaron su honor y reputación profesional, y condenó a una propietaria a pagar una indemnización de $600.000, más intereses y costas.

El caso es relevante porque no analiza simplemente una discusión vecinal ni una crítica a la gestión. Lo que se evaluó fue la difusión de afirmaciones lesivas dentro de un canal compartido por integrantes del consorcio, con impacto directo sobre la imagen profesional de quien ejercía la administración. La diferencia es central: el reclamo, la disconformidad o la crítica forman parte de la vida consorcial; la descalificación personal, la imputación infundada o el agravio público exceden ese marco.

Para los administradores, el fallo confirma un criterio que debe ser incorporado a la práctica diaria: los grupos digitales no son espacios jurídicamente neutros. Aunque se perciban como canales informales, los mensajes que allí se publican pueden generar consecuencias concretas cuando afectan derechos de terceros, especialmente si tienen alcance colectivo y deterioran la reputación profesional de una persona.

En ese sentido, la figura del administrador debe ser entendida como una función profesional. Su rol implica gestionar recursos comunes, ejecutar decisiones asamblearias, contratar proveedores, ordenar reclamos, informar gastos, articular con el consejo de propietarios y sostener la operatoria cotidiana del consorcio. Cuando ese rol es deslegitimado mediante agravios personales en canales internos, no solo se afecta a la persona que administra, sino también la autoridad funcional necesaria para llevar adelante la gestión.

En todo consorcio pueden existir diferencias, reclamos y cuestionamientos. Es lógico que los propietarios soliciten explicaciones, pidan documentación, manifiesten desacuerdos o planteen objeciones sobre decisiones administrativas. Esa participación es parte del funcionamiento normal del régimen de propiedad horizontal y, bien canalizada, contribuye a una gestión más transparente.

El problema aparece cuando la crítica se transforma en acusación personal, insulto, imputación de delitos o descalificación pública. Allí deja de ser una opinión sobre la gestión y pasa a convertirse en una conducta potencialmente dañosa. Este límite es especialmente importante en los grupos de mensajería, donde los mensajes se difunden con rapidez, quedan registrados y pueden llegar a múltiples integrantes del consorcio en simultáneo.

Para el administrador, este tipo de situaciones no debe abordarse únicamente desde la reacción posterior al conflicto. La clave está en prevenir. Los canales de comunicación deben tener finalidad, reglas y límites. No alcanza con crear un grupo para “estar comunicados”; es necesario definir para qué se usa, quién informa, qué tipo de temas se canalizan allí y cuáles deben derivarse por vías formales.

Una gestión profesional debería diferenciar con claridad entre canales informativos, canales de reclamos y ámbitos deliberativos. Un grupo de WhatsApp puede ser útil para avisos operativos, recordatorios, emergencias o comunicaciones breves, pero no necesariamente es el espacio adecuado para discutir conflictos complejos, imputar responsabilidades o tratar temas sensibles de gestión. Cuando todos los asuntos se mezclan en un mismo canal, el riesgo de escalamiento aumenta.

También resulta recomendable que el administrador deje documentado el encuadre de los canales digitales. Esto puede hacerse mediante una comunicación formal al consorcio, un reglamento de uso o una pauta aprobada por el consejo o la asamblea, según el caso. El objetivo no es censurar opiniones, sino ordenar la convivencia digital y proteger la institucionalidad de la gestión.

Desde una perspectiva práctica, algunas pautas resultan especialmente relevantes: utilizar grupos de difusión cuando el objetivo sea informar; derivar reclamos particulares a canales trazables como correo electrónico, sistema de tickets o nota formal; evitar responder en caliente ante agravios; conservar evidencia de mensajes ofensivos cuando corresponda; y promover que el consejo de propietarios acompañe reglas claras de comunicación.

Este último punto es importante. El administrador no debería quedar solo frente a dinámicas de hostigamiento o exposición permanente. La comunicación del consorcio debe ser entendida como parte del funcionamiento institucional del edificio, no como una carga personal del administrador. Cuando el canal se desordena, la gestión se debilita, los reclamos se vuelven menos trazables y el conflicto termina ocupando el lugar que deberían tener los procedimientos.

El fallo también deja una enseñanza para los consorcios: la libertad de expresión no habilita cualquier forma de comunicación. Cuestionar una liquidación, pedir explicaciones por una contratación o solicitar rendición de cuentas es válido. Agraviar, insultar o dañar la reputación profesional de quien administra puede tener consecuencias legales. Esa distinción debe ser explicada y sostenida con firmeza.

Para CACYCU, este tipo de precedentes refuerza una idea central: comunicar también es administrar. La gestión moderna no se limita a cumplir obligaciones formales o resolver problemas operativos; también exige ordenar los vínculos, establecer canales, prevenir conflictos y cuidar el marco profesional en el que se desarrolla la actividad.

En definitiva, el caso no debe leerse solo como una condena individual por mensajes ofensivos. Debe entenderse como una advertencia sobre la necesidad de profesionalizar la comunicación en los consorcios. Para el administrador, contar con reglas claras, canales adecuados y respaldo institucional no es un detalle accesorio: es una herramienta concreta de gestión, prevención y resguardo profesional.

Fuente: CACYCU